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En la primavera, por ejemplo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) comenzó a enviar las tan necesarias mascarillas, batas y otro equipo de protección personal a más de

15,000 hogares de ancianos. Sin embargo, muchos de los envíos, que fueron promocionados por el vicepresidente Mike Pence como apoyo federal esencial para los hogares de ancianos, contenían

equipo inutilizable, incluso mascarillas quirúrgicas vencidas o defectuosas y batas sin aberturas para pasar los brazos. Ninguno de los envíos incluía lo que los hogares de ancianos más

necesitaban: las mascarillas N95 para proteger a los trabajadores contra la inhalación del virus y la transmisión a los residentes. Ryan lo llama “la comedia de la respuesta de salud

pública”. Brendan Williams, presidente de la Asociación de Atención Médica de New Hampshire, usa una bata de aislamiento sin aberturas en las mangas para las manos, que fue recibida en un

envío del gobierno federal en julio. AP PHOTO/CHARLES KRUPA En marzo, los CMS cometieron lo que muchos consideran otro error colosal al suspender la inspección estatal de rutina de los

hogares de ancianos y restringir las visitas de los defensores del cuidado a largo plazo, que tienen a su cargo la defensa de los residentes. El propósito de las reglas era impedir que las

visitas llevaran el virus a los centros. Pero el resultado fue que los hogares de ancianos operaron sin control. Tras la decisión, Melanie McNeil, la defensora estatal de cuidados a largo

plazo de Georgia, prohibió la visita del personal a los centros. A ella le preocupa lo que encontrará cuando los defensores puedan regresar. “En realidad no tenemos una idea clara de lo que

está sucediendo”, señala McNeil. Los críticos también sostienen que la abrumadora respuesta federal a la crisis en los hogares de ancianos ha sido arrojar dinero al problema, sin asegurar

que el dinero de los contribuyentes se destine a proteger a los residentes. Para septiembre, los hogares de ancianos habían recibido más de $21,000 millones en fondos de asistencia federal,

según los CMS. Sin embargo, solo $2,500 millones se destinaron específicamente al control de infecciones, y el resto llegó casi sin condiciones. “Es una gran vergüenza que el Gobierno

federal le diera ese dinero a los hogares de ancianos sin obligación de rendir cuentas”, señala Ryan. Una línea de bolsas de papel contiene las máscaras individuales de las enfermeras en un

centro de atención a largo plazo. ISADORA KOSOFSKY EN FALTA LA INDUSTRIA DE LOS HOGARES DE ANCIANOS * Muchos centros no tenían suficiente personal ni fondos antes de la pandemia. * La

estructura con fines de lucro parece haber reducido la calidad del cuidado en muchos centros. Hasta los críticos más fervientes de la industria de hogares de ancianos concuerdan en que se

encontró en una situación casi imposible, y que en muchos casos debió cargar la ira pública por la gran cantidad de muertes en los centros de cuidado. Muchos envíos contenían equipo

inutilizable, incluso mascarillas quirúrgicas vencidas o defectuosas batas sin aberturas para pasar los brazos. No obstante, eso no absuelve a la industria de las malas decisiones que

tomaron y que empeoraron en gran medida una situación que ya era mala, según esos expertos. En respuesta a la solicitud de comentarios de AARP, Cristina Crawford, la representante de

American Health Care Association (AHCA), indica que el hecho de que los servicios de salud pública en todos los niveles no asignaran prioridad a los hogares de ancianos tanto para las

pruebas de detección como para el equipo de protección personal dejó a la industria desprovista de los medios necesarios para frenar la propagación del virus. “Durante meses fue difícil

lograr que alguien escuchara, lo que causó consecuencias devastadoras para nuestros residentes y nuestro personal”, afirma Crawford. El protector facial de una enfermera se deja secar sobre

una mesa en el Centro de Rehabilitación Transicional de Canyon en Albuquerque. ISADORA KOSOFSKY La industria de los hogares de ancianos ha sido enérgica en desplazar la culpa e intentar

evitar las consecuencias económicas de las muertes en los centros. Este verano, Mark Parkinson, presidente de AHCA, anunció una campaña de $15 millones en los medios sociales para incentivar

la opinión pública sobre los hogares de ancianos, que quedó seriamente dañada por la pandemia. La asociación también está haciendo presión para lograr inmunidad estatal y federal frente a

la responsabilidad legal durante el brote, que se ha otorgado en más de veinte estados. Sin embargo, los datos comienzan a mostrar vínculos entre la calidad de los hogares de ancianos y los

casos de coronavirus. Por ejemplo, en investigaciones de University of California, San Francisco y del University of Rochester Medical Center se determinó que había más probabilidades de

brotes en los centros que antes de la pandemia habían recibido calificaciones de calidad más bajas de los reguladores. El 70% de los hogares de ancianos son negocios con fines de lucro, un

factor que se ha vinculado a la propagación del coronavirus. Un informe de agosto que comisionó Connecticut concluyó que los hogares con fines de lucro del estado tenían cerca del 60% más

casos y muertes por COVID-19 por cama habilitada que los centros sin fines de lucro. (La página 26 contiene una exploración completa de los negocios de los hogares de ancianos). Los riesgos

pueden ser aún mayores en los centros con fines de lucro que dirigen las empresas de capital privado, que adquieren hogares de ancianos, reducen costos y luego ganan dinero con su venta. Un

estudio que llevó a cabo Americans for Financial Reform Education Fund concluyó que esos hogares de ancianos en Nueva Jersey tuvieron una cantidad desproporcionada de muertes por COVID-19.

Los niveles de dotación de personal también parecen ser un factor clave en la propagación del virus. En agosto, un estudio publicado en _JAMA _indicó que en ocho estados, los centros que

tenían un mayor nivel de dotación de personal de enfermería tuvieron menos casos de COVID-19 que los que tenían menos personal. Y en julio, un informe que publicó el National Bureau of

Economic Research dio la voz de alarma sobre la práctica habitual de que el personal que brinda cuidados trabaje en varios centros. Los hogares de ancianos con índices más altos de personal

compartido, según los investigadores, tuvieron índices más altos de infección. Concluyeron que limitar el personal de atención a un solo hogar de ancianos podría reducir las infecciones de

COVID-19 en los centros en un 44%. No fue una sorpresa para Lori Porter, cofundadora de la National Association of Health Care Assistants, que representa a muchos trabajadores de la salud de

los hogares de ancianos. Con un salario promedio de $13 por hora, los trabajadores de la salud con frecuencia trabajan en varios hogares de ancianos para poder mantenerse, según Porter.

Muchos miembros del personal no reciben seguro médico ni licencia remunerada por enfermedad, por lo que algunos trabajan incluso cuando tienen síntomas similares a los del coronavirus. “¿Qué

pensaron que iba a suceder?” pregunta Porter. Hay mucha responsabilidad por asignar. Pero Richard Mollot, el director ejecutivo de Long Term Care Community Coalition, señala que está

indignado ante la actitud despiadada que asumió la industria para evadir la culpa. “Después de meses de desolación para los residentes y sus familias, aún no he escuchado ni una sola

disculpa, un solo proveedor que dijera “Hemos aprendido, y la próxima vez lo haremos mejor’”, dice Mollot. “En mi opinión, es imperdonable que no hayan reconocido plenamente las pérdidas y

el costo para los residentes y las familias”.