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In English | Hasta el 13 de enero, el Gobierno federal había entregado más de 29 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a estados, territorios y Gobiernos tribales. Pero solo unos

10.3 millones, o el 35%, habían sido administradas, según el seguimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Si bien esa tasa ha ido aumentando en los

últimos días, indica que millones de vacunas permanecen guardadas. En un puñado de estados, la tasa de administración de vacunas es del 25% o menor.

Varios obstáculos, algunos de los cuales eran predecibles y otros no, han entorpecido esta campaña de vacunación, cuya complejidad y alcance no tienen precedente. Estos son algunos de los

problemas clave que han plagado la distribución durante su primer mes, y algunos de los pasos que se están tomando para resolverlos.

Operation Warp Speed, la iniciativa conjunta entre el Gobierno federal y empresas farmacéuticas grandes para desarrollar rápidamente y distribuir vacunas contra la COVID-19, alcanzó su

primer objetivo con éxito inigualable. Antes había demorado años, incluso décadas, desarrollar vacunas contra trastornos como la poliomielitis y la gripe. Las vacunas contra la COVID-19 de

Pfizer y de Moderna se crearon, se probaron y su uso se autorizó en tan solo nueve meses.

Sin embargo, esa velocidad tuvo una “desventaja”, según el Dr. Eric Toner, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de Johns Hopkins University. “Deja menos tiempo para

planificar con cuidado el lanzamiento de la vacuna, tanto para que el Gobierno federal decida cómo entregar las vacunas a los estados como para que los estados decidan cómo distribuirlas y

educar al público”.

En octubre del 2019, este centro organizó una simulación conocida como Event 201 (en inglés) para medir la preparación de Estados Unidos y del mundo para una pandemia. La fecha fue una

coincidencia, pues desde el 2001 el centro había realizado varias de estas simulaciones que incluyeron una variedad de posibles crisis de salud pública. Pero el escenario fue siniestramente

profético: planteó una nueva cepa del coronavirus que pasa de animales a seres humanos y se propaga con rapidez por el planeta, y que estanca economías, interrumpe los viajes y activa las

redes sociales con desinformación.

Pero a medida que los participantes analizaron los desafíos médicos, financieros y logísticos que podría presentar (y de hecho, que presentó) ese tipo de pandemia, no se mencionó la manera

en la que se vacunaría rápida y eficazmente al público contra este nuevo coronavirus. “Nunca anticipamos que podríamos tener vacunas eficaces en menos de un año”, dijo Toner. “Eso nunca

había sucedido”.

Además de eso, están las complejidades específicas de las vacunas de Pfizer y Moderna, las dos cuyo uso está autorizado por ahora. Ambas deben ser almacenadas a temperaturas muy frías (en

particular la de Pfizer) y ser administradas en dos dosis para lograr plena eficacia. “Sería sorprendente si todo hubiera salido perfecto”, comentó Toner.

Casi desde el principio, la cantidad de dosis entregadas no cumplió las expectativas. Durante su campaña electoral del 2020, el presidente Trump proclamó una meta de 100 millones de dosis de

vacunas para fines de año. Incluso después de que su administración cambiara ese objetivo a 20 millones, para muchos estados las asignaciones semanales del Gobierno federal disminuyeron

poco después de los primeros envíos de vacunas a mediados de diciembre.

“El desafío que enfrentamos es que de semana a semana no sabemos cuántas dosis recibiremos, con lo que es difícil planificar con más de una semana de anticipación”, dijo esta semana Jared

Polis, gobernador de Colorado.

Este desafío ha llegado a los profesionales de la salud que administran las inyecciones. “La naturaleza impredecible de los envíos de vacunas ha sido un reto para las iniciativas de

vacunación de los hospitales, lo que incluye al personal”, afirmó Maryellen Guinan, analista principal de políticas en America’s Essential Hospitals (en inglés), una asociación de hospitales

comunitarios y principalmente públicos. “La imposibilidad de saber el número exacto de dosis que se entregarán y las fechas de entrega impacta directamente la programación de las

vacunaciones”.

Los funcionarios federales han culpado a los estados por no administrar sus dosis lo suficientemente rápido y dicen que ahora la oferta satisface la demanda. Esta semana, Alex Azar,

secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo que el Gobierno tiene disponibles 38 millones de dosis para los pedidos de los estados, lo suficiente para cubrir al

personal de salud de primera línea y a los residentes de los centros de cuidados a largo plazo, quienes representan la primera fase de la mayoría de los planes de vacunación de los estados.

El régimen de dos dosis también impactó los suministros, pues el HHS al principio reservó millones de dosis para las segundas inyecciones de quienes habían recibido la primera. La agencia

ahora está liberando esas dosis para aumentar la disponibilidad, junto a su llamado a los estados para que ofrezcan las vacunas a personas de 65 años o más y otros grupos vulnerables de la

población. Azar dijo que Moderna y Pfizer están produciendo suficientes vacunas de manera que “ahora podemos enviar todas las dosis que se habían mantenido en reserva física, y el suministro

para las segundas dosis provendrá de las líneas de producción”.

Según algunos estados, incluso con el aumento de disponibilidad, les costará trabajo vacunar a un grupo exponencialmente más grande de personas que cumplen los requisitos. “Sencillamente hay

muchos más residentes de Georgia que desean la vacuna que los que pueden recibirla hoy”, dijo Brian Kemp, gobernador de Georgia, durante una rueda de prensa esta semana. “Preferiría que

tuviéramos amplios suministros y pudiéramos vacunar a todos de inmediato. Desafortunadamente, eso no es posible”.

El Gobierno federal encabezó el desarrollo de vacunas. Pero las decisiones sobre cómo distribuir y administrar las vacunas se dejaron en gran parte a los funcionarios estatales y locales, lo

que creó un conjunto fragmentario de planes y prioridades, según especialistas en salud pública.

“Para la distribución de la vacuna, como sucedió en tantas otras partes de la respuesta a la pandemia, se ha dejado en gran medida que los estados asuman la responsabilidad de hacer una

realidad la salud pública”, afirmó el Dr. Howard Koh, profesor de la Facultad de Salud Pública T. H. Chan de Harvard. “Necesitamos coordinación y liderazgo del Gobierno federal ahora”.

La Dra. Leana Wen, médica de sala de emergencias y profesora de Salud Pública en George Washington University, elogió el anuncio del Gobierno federal esta semana de que ayudaría a los

estados a expandir sus redes de proveedores de vacunas y a establecer centros de inoculación masiva para acelerar la vacunación, pero dijo que las autoridades federales demoraron mucho

tiempo en intensificar su respuesta.

“Es casi como si hubieran percibido su papel en Operation Warp Speed como desarrollar la vacuna, que no es una tarea pequeña, pero su percepción fue que debían desarrollar la vacuna y luego

enviar las dosis a los estados. Parece que su responsabilidad se detuvo en ese punto”, dijo Wen, quien fue comisionada de salud de Baltimore. “Pero así no es como debería hacerse. Este es un

trabajo conjunto a nivel federal, estatal y local. El Gobierno federal debe ser el que marque la pauta y la urgencia necesaria”.

Años de recortes presupuestarios han coartado la capacidad de las agencias de salud locales y estatales para responder a brotes epidémicos y otras emergencias, según un informe del 2019

preparado por Trust for America’s Health, una organización sin fines de lucro. La COVID-19 ha reducido más los pocos recursos, a medida que los servicios de salud locales se

responsabilizaron por mucha de la carga de realizar pruebas y rastrear contactos y, ahora, de vacunar, según Jennifer Kates, vicepresidenta sénior y analista de políticas públicas de Kaiser

Family Foundation.

“Hasta que se aprobó este último paquete de medidas de estímulo, la cantidad de dinero que habían recibido para la distribución de vacunas era muy pequeña en comparación con la labor”, dijo

Kates. Hablaba del proyecto de ley de alivio por la COVID-19 de $900,000 millones que el Congreso aprobó a fines de diciembre, que incluye $8,750 millones para distribución de vacunas. “Al

agregar a eso años de subfinanciamiento de la salud pública, los estados ya trabajaban con un déficit y algunos tenían un déficit mayor que otros. Eso ciertamente es un factor en este

asunto”.

“Sospecho que el mayor factor limitante es el personal para administrar las inyecciones”, dijo Toner sobre el ritmo de la distribución. “Si así es, encontrar maneras de aumentar el personal

de salud pública sería muy útil”. Algunos estados, entre ellos Virginia Occidental y Maryland, están desplegando unidades de la Guardia Nacional o los voluntarios que integran el Cuerpo de

Reserva Médica (en inglés) para ayudar a sus profesionales de salud con la administración de vacunas o la logística.  

Los nuevos fondos federales también deberían estimular la velocidad de vacunación, afirmó Kates. Si bien solo la mitad de los fondos de vacunación están destinados a los estados y

localidades, mencionó, “pienso que no hay menor duda de que el dinero marcará una diferencia”.

Los envíos iniciales de vacunas se entregaron en gran parte a hospitales encargados de administrar inyecciones a su personal de primera línea. Llegaron justo cuando estos establecimientos

enfrentaban una cresta récord de casos de COVID-19, lo que complicó las iniciativas internas de inoculación.

“Estos son hospitales que ya están respondiendo a aumentos vertiginosos de los casos en sus comunidades”, señaló Wen. “Ahora también se les pide que administren dosis o que transfieran a su

personal de enfermería de sus turnos normales para también administrar inyecciones, y las mismas personas que coordinan el gran aumento de casos en sus hospitales también supervisan esta

iniciativa”.

Esos problemas persisten a medida que se expanden los requisitos de inclusión para vacunarse y los hospitales se preparan para administrar aún más inyecciones a personas que no pertenecen a

su fuerza laboral. “Un hospital esencial que enfrentó una oleada de casos tuvo que reinstaurar una decisión de eliminar las operaciones optativas, con lo que pudo reubicar personal para

ayudar con la vacunación”, afirmó Guinan.

Azar dijo esta semana que centros de vacunación de gran escala, apoyados por el Gobierno federal, reducirían la dependencia en hospitales. “Tenía sentido que los hospitales fueran lugares de

distribución inicial cuando el enfoque estaba puesto en los trabajadores de salud, pero no son los sitios donde la mayoría de las personas se vacunan”, dijo. “Los estados deberían pasar a

farmacias, centros de salud comunitarios y lugares de vacunación masiva como deseen”.

Dos de los grupos de alta prioridad a quienes al principio se quiso vacunar con rapidez —el personal de salud de primera línea y los empleados de los centros de cuidados a largo plazo—

también han estado entre los más reacios a vacunarse contra la COVID-19, incluso a medida que los resultados de encuestas demostraron que la reticencia a la vacunación ha disminuido entre el

público en general.

“Los informes y las encuestas internas de hospitales muestran que de un 30 a un 50% de su personal de salud tiene dudas sobre vacunarse”, afirmó Guinan.

En los centros de cuidados a largo plazo, la buena disposición a vacunarse del personal ha “sido tan baja como un 20% y en otros lugares, tan alta como un 80%”, según Mark Parkinson,

presidente de American Health Care Association y National Center for Assisted Living, un grupo de la industria. “Creemos que la tasa general está probablemente entre el 45 y el 50%”.  

Eso puede crear demoras y mantener las vacunas guardadas, si en un centro de cuidados a largo plazo no hay suficientes participantes dispuestos como para programar ahí una sesión de

vacunación.

Los hospitales y los centros de cuidados a largo plazo están emprendiendo campañas educativas de vacunación y hasta ofreciendo incentivos a los empleados para que se vacunen. Toner y

Parkinson dijeron que esperan que la reticencia disminuya a medida que más empleados vean que sus amigos y colegas se vacunaron sin problemas.

“Una cosa es la reticencia a la vacunación y la otra es ‘no quiero ser el primero en recibir la vacuna’”, comentó Toner. “Escucho eso de personas que trabajan en los hospitales. No es

irracional; pero creo que cuando la gente empiece a ver a sus amigos y colegas vacunándose sin que surjan problemas, estará dispuesta a hacerlo”.

Hubo un acuerdo casi universal entre las autoridades de salud federales y estatales, acerca de que la distribución inicial se centraría en el personal de salud y los residentes y empleados

de comunidades de cuidados a largo plazo. Pero debido a esa exclusividad inicial, hubo vacunas que permanecieron guardadas a medida que surgieron problemas en los programas de vacunación de

algunos lugares.

Por ejemplo, millones de dosis que en la documentación se habían destinado a los estados se enviaron a CVS y Walgreens, las enormes cadenas de farmacias que contrataron los CDC para

administrar las inyecciones en la mayoría de los hogares de ancianos y los centros de vida asistida del país. Esa iniciativa comenzó de manera particularmente lenta, y solo la cuarta parte

de las vacunas asignadas se han administrado hasta ahora.

Dada la vulnerabilidad de los residentes y el personal de los centros de cuidados a largo plazo, quienes han representado el 37% de las muertes por COVID-19 en el país, “los estados sienten

la obligación de guardar esas vacunas con la esperanza de que esta semana o pronto estarán listos y en operación”, dijo Toner. (CVS y Walgreens dijeron que terminarán de aplicar las primeras

dosis en todos los establecimientos para el 25 de enero).

Pero ya que hay inyecciones que no se han usado, las autoridades federales criticaron a líderes estatales por no expandir la elegibilidad a otros grupos vulnerables, como la población mayor

de 65 años y personas con enfermedades que las hacen correr un alto riesgo de complicaciones debido a la COVID-19.

“Nunca hubo una razón por la que los estados debían terminar de vacunar a todos los profesionales de la salud antes de abrir la vacunación a los adultos mayores de Estados Unidos y a otras

poblaciones vulnerables”, dijo Azar esta semana, mientras instaba a más estados a expandir el acceso a vacunas a personas de 65 años o más. “La fuerte microgestión de este proceso en algunos

estados ha impedido que las vacunas lleguen con mayor rapidez a un grupo más amplio de la población vulnerable”.

Algunos estados adoptaron un enfoque de “usar o perder”, con el que reasignaron dosis de centros de salud que no las usaban rápido a otros con una tasa de vacunación más rápida. El HHS ha

adoptado esta estrategia y ahora basa la asignación de vacunas a los estados en el “ritmo de administración” que reportan y el tamaño de su población mayor de 65 años, señaló Azar.

Wen llamó ese cambio “lo mejor” que pueden hacer los líderes de salud pública para acelerar la vacunación. “Si tienes estas dosis, es tu responsabilidad usarlas de inmediato, al reconocer

que hay muchas otras instituciones que son capaces de usarlas y están dispuestas a hacerlo”, dijo. “Establecer ese tipo de urgencia y expectativas desde arriba es verdaderamente esencial”.

Somos una asociación no partidista, sin fines de lucro, que ayuda a las personas mayores de 50 años a mejorar la calidad de sus vidas.

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