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03/06/2025 ACTUALIZADO A LAS 11:49H. El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, a través de la consejera CARMEN SUSÍN, ha dado a conocer este martes 3 de julio

finalmente y espoleada por la Justicia los datos sobre menores migrantes no acompañados. Según ha especificado Susín, la comunidad atendió en 2024 a 494 menas, registrando su ocupación

máxima el 31 de diciembre, con 216 menores extranjeros no acompañados en el sistema de protección; esto es, una ocupación del 207,69% de las plazas estructurales destinadas a estos menores,

cifradas en 104. Además, Aragón cuenta con 364 plazas de acogida para menores, 104 de ellas específicas para extranjeros. La consejera de Bienestar Social también ha detallado que del total

de las plazas destinadas a menores (además de las 104 para extranjeros), cuatro son para atender a embarazadas, 21 a jóvenes con discapacidad, 45 en centros de internamiento, 15 para menores

con trastornos de conducta, 18 de hogares para niños y reunificación familiar y 157 destinadas a menores en situaciones de desprotección por todo tipo de causas. Los datos han sido

presentados este martes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimara las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Aragón para no comunicar los datos sobre

menores migrantes que tiene bajo tutela. El TSJM ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el real decreto-ley 2/2025 frente al Estado, que pretendía

su inadmisión, pero ha rechazado las cautelares. «El Real Decreto Ley en ningún momento se ha planteado para salvaguardar el interés superior de los menores migrantes no acompañados que

están en Canarias y Ceuta: solo sirve para sujetar los siete votos que permiten que el presidente del Gobierno mantenga su sillón en Moncloa«, ha argumentado Susín sobre la negativa del

Gobierno de Aragón a proporcionar los datos del sistema de protección de menores autonómico. «COMO VEN, ESTE GOBIERNO NO ES INSUMISO: cumple, por supuesto, con la ley y con lo que los

tribunales dictan, y esto es algo que el Gobierno de España parece que no está dispuesto a hacer», ha criticado la consejera. Reportar un error