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La Generalitat de Cataluña se ha instalado en la sanción lingüística para quien no utilice el catalán en todos los ámbitos, incluso aplicando las multas en sectores, especialmente el privado

y el empresarial, en los que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que debe ... primar la libertad lingüística. Así, en 2023 la Agencia Catalana de Consumo impuso 261 sanciones, que

sumaron un total de 492.920 euros. Fue un 283% más que las multas aplicadas en 2022. Y todo hace prever que en 2024 se mantendrá este ritmo de castigo ya que EL GOVERN DE SALVADOR ILLA ha

anunciado más presión, sobre todo, en el ámbito sanitario y los comercios para relegar el uso del español. Aunque en general las quejas y las denuncias por motivos lingüísticos, que son en

su práctica totalidad por usar el español, descendieron de 2023 a 2024 (año del que se tienen datos de las reclamaciones pero no, todavía, de las multas impuestas), de 1.910 a 1.219,

gestionados por la Agencia Catalana de Consumo, o de 770 a 737 sumando todos los departamentos de la Generalitat, sí crecieron las contabilizadas por la CONSEJERÍA DE SALUD y la de

INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES, espacios en los que el nacionalismo lingüístico ha fijado su punto de mira, con el visto bueno del Govern , animando a las delaciones ya sea a los facultativos

o los profesores universitarios. El departamento de Salud registró 273 quejas en 2024, 17 más que durante el año anterior. Y la Consejería de Universidades pasó de las 80 denuncias en 2023

a las 108 al año siguiente. De estas, aproximadamente la mitad se debió a que en los planes de estudios se había anunciado que la materia en cuestión se impartía en catalán y el profesor

utilizó el español. El 40% de estas quejas concretas acabó en nada porque EL PROFESOR CEDIÓ A LA PRESIÓN E IMPARTIÓ SU MATERIA EN CATALÁN. En el resto de departamentos, en los que no figuran

datos del de Educación, se mantiene el número de quejas y denuncias registradas o descienden en el caso de Política Lingüística, de 411 (2023) a 334 (2024). En total, en 2024, las

consejerías de la Generalitat gestionaron 737 quejas o denuncias por motivos lingüísticos, 33 reclamaciones menos que durante el año anterior, según ha informado en una respuesta

parlamentaria por escrito FRANCESC XAVIER VILA, consejero de Política Lingüística, a una pregunta de Junts. En la información aportada por el consejero, que ya formaba parte del ejecutivo de

PERE ARAGONÈS, figura el dato de las sanciones de 2023 impuestas por la Agencia Catalana de Consumo que son 261 y la cantidad recaudada: 492.920. En 2022 las multas impuestas fueron 68 y la

Generalitat recaudó 112.606 euros. Unas cifras globales que se han disparado en los últimos años y que, a la espera de conocer el dato de 2024 («el balance» de este periodo «todavía» no se

conoce, señala Vila a Junts), todo indica que seguirá creciendo ya que la presión de Illa y todo su ejecutivo en este ámbito no ha hecho más que aumentar. En esta línea, el Govern ha

promovido el PACTO NACIONAL POR LA LENGUA, un documento con una hoja de ruta para marginar más el uso del español en el ámbito público y, sobre todo, institucional, y que desde distintas

entidades, como Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica y Societat Civil Catalana, han calificado de coaccionador con la amenaza de la multa lingüística.