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_NOTA DEL EDITOR: Roberto Rave es politólogo con especialización y posgrado en negocios internacionales y comercio exterior de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia

de Nueva York. Con estudios en Management de la Universidad IESE de España y candidato a MBA de la Universidad de Miami. Es columnista del diario económico colombiano La República. Fue

escogido por el Instituto Internacional Republicano como uno de los 40 jóvenes líderes más influyentes del continente. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al

autor._ (CNN ESPAÑOL) – La cuarta revolución avanza a pasos agigantados. Su llegada ha agitado la economía latinoamericana de una manera importante. Y aun con mis firmes convicciones sobre

la trascendencia del libre mercado, me ha impactado desde lo humano ver lo que implican muchas de las nuevas plataformas en la vida de los ciudadanos de la región. Latinoamérica tiene cifras

importantes de desempleo y en este sentido, se hace necesario un empleo digno y dignificante que brinde la oportunidad de salir adelante a todos los ciudadanos de la región. Según cifras de

la Organización Mundial del Trabajo, la informalidad golpea a cerca de 140 millones de trabajadores en la región, casi el 53% de los ocupados. Para 2017, las cifras del Foro Económico

Mundial ya indicaban que la economía latinoamericana superaba por primera vez las tasas de informalidad del África subsahariana: 27 millones de jóvenes inician una vida laboral fuera de la

seguridad y oportunidad que implica la formalidad. La llegada de las plataformas ha revolucionado el mundo del empleo, pero también ha ampliado las brechas ocasionadas por los vacíos

jurídicos que hacen que nuevos jugadores entren en el partido con reglas diferentes, generando mayor informalidad. Las plataformas prometen un empleo fácil y rápido. Como intermediarias, se

lavan las manos de las obligaciones que por ley una empresa debería tener con quienes acceden al trabajo. De hecho, las intermediarias o empresas temporales son también objeto de

obligaciones con sus empleados. Decía el economista Hernando de Soto que no hay que formalizar la informalidad sino informalizar la formalidad. Estos grandes problemas son fruto de Estados

grandes que quieren controlarlo todo y que, además, al querer ordenar todo, desordenan todo, dejando grandes vacíos que generan distorsiones y desigualdad de oportunidades a la hora de

competir. MIRA: LA POBREZA EN ARGENTINA ALCANZÓ AL 35,4% DE LA POBLACIÓN Los desarrollos tecnológicos y de la nueva revolución económica, no deben ser frenados. Sin embargo, se debe obligar

a que estos adelantos no distorsionen la trascendencia del libre mercado y tampoco de la competencia sana y en igualdad de condiciones. El Estado ha impuesto unas barreras históricas al

ingreso de muchos servicios e industrias. Estas barreras han sido cumplidas durante años por muchas empresas y esto debe ser tenido en cuenta. El libre mercado en su totalidad es una utopía

para Latinoamérica. Una utopía hacia la cual debemos marchar sin olvidar que la transición debe ser cuidadosa con quienes cumplieron las reglas de juego durante décadas. El hecho de que

existan reglas que no sean afines ni incentiven el crecimiento económico desde una concepción del libre mercado no quiere decir que el Estado no deba garantizar igualdad ante la ley. De

hecho, creo que una manera de incentivar el crecimiento es disminuir las intervenciones del Estado en la economía a su mínima expresión. Seguiré divulgando la trascendencia de un Estado más

pequeño, menos burocrático y menos intervencionista, sin violar la trascendencia liberal de la igualdad ante la ley. Las distorsiones generadas -no por las empresas sino por el Estado y sus

largos compendios de reglas y leyes económicas- son, en este caso, generadoras de mayor informalidad y pobreza.