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_NOTA DEL EDITOR: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su

libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford UniversityPress en 2020. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar

más artículos de opinión en CNNe.com/opinion. _ (CNN ESPAÑOL) – La quinta toma de posesión de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua este 10 de enero representa todo un reto para las

instituciones del sistema interamericano, para las democracias latinoamericanas y para la izquierda del continente. Como se sabe, en noviembre se celebraron unas elecciones en Nicaragua que

fueron desconocidas o cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional: 25 países miembros de la OEA, incluyendo a Brasil, Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea, organizaciones

como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La principal razón de la crítica generalizada consistió en el

encarcelamiento e inhabilitación de varios candidatos de oposición, empezando por Cristiana Chamorro, puntera en las encuestas, y Arturo Cruz, exembajador del propio Ortega en Washington.

Chamorro fue acusada de lavado de dinero, un cargo del que se ha declarado inocente. Dice que es una “maniobra macabra” para inhabilitar su aspiración a la presidencia del país. Por su

parte, Cruz fue acusado de actos que atentan contra la soberanía nacional. Su abogado afirma que las pruebas no son suficientes para demostrar su culpabilidad y que el proceso judicial

presenta varias anomalías. Más de 160 opositores fueron detenidos, incluidas varias figuras emblemáticas del sandinismo como Dora María Téllez y Hugo Torres. En esas condiciones, a nadie

sorprendió que ganara Ortega, y solo gobiernos como Cuba, Venezuela y México avalaron el resultado. El reto es mayúsculo para los países miembros de la OEA, así como para la Comisión y la

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya con Ortega electo, algunos esperaban que liberara a los presos políticos encarcelados, y permitiría el regreso de escritores o periodistas

críticos exiliados, como Sergio Ramírez y Carlos Fernando Chamorro. No ha sido el caso, al menos hasta ahora. EE.UU. y en menor medida, la Unión Europea han impuesto sanciones contra Ortega,

su esposa y vicepresidenta y varios otros colaboradores responsables de la brutal represión de 2018 y de 2021. El gobierno de Ortega ha dicho que la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos manipula información sobre los muertos en las protestas y que no va a admitir “injerencias ni imposiciones” de otros gobiernos. En el Congreso estadounidense hay un proyecto de

suspender a Nicaragua del CAFTA-DR, es decir, el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana. Pero muchos dudan de la eficacia de estas sanciones

posibles o ya vigentes, e igualmente de su moralidad. Por un lado, afectan a la población en general, y en particular a los más desprotegidos. Por el otro, han solido ser ineficaces: ni

hacen cambiar de opinión a las dictaduras, ni las derrumban. La discusión al respecto es larga y voluminosa, desde las sanciones contra el apartheid en Sudáfrica a finales de los años 80

hasta el movimiento Boycott, Divestment and Sanctions contra las empresas israelíes en los territorios palestinos, pasando por el embargo comercial a Cuba. Al mismo tiempo, no hacer nada

frente a los terribles excesos de Ortega no parece constituir una opción viable, ni digna. Para las democracias latinoamericanas, que por cierto suscribieron hace 20 años la Carta

Democrática Interamericana, mantener a Nicaragua dentro de organizaciones como la propia OEA, la Celac, las cumbres de Iberoamérica, el SICA, la OPS y algunas más iberoamericanas, representa

un delicado dilema. La anacrónica pero arraigada tradición antiintervencionista de la región aboga por no mezclar peras y manzanas: una cosa es el régimen político interno, y otra la

pertenencia a instancias como las mencionadas. Pero el mundo ha cambiado, aunque la región mucho menos. Hacerse de la vista gorda frente a la situación en Nicaragua, ya con Ortega

consolidado en su quinto mandato presidencial, no parece ser una postura aceptable para el resto del mundo ni una confirmación de la vocación democrática de los gobiernos latinoamericanos,

sobre todo frente al auge del populismo autoritario (de izquierda o de derecha) en la región y en el mundo. El tercer reto —para la izquierda regional— se torna decisivo en la víspera de una

nueva marea rosa. Ya ganaron sus respectivas elecciones los candidatos de izquierda en Perú, Honduras y Chile. Es posible — mejor: probable— que también venzan en Colombia y Brasil este

año. Ya gobiernan presidentes que se autodenominan de izquierda en Bolivia, Argentina y México. La marea es real, ¿pero defenderá la democracia?. Una de las pruebas de ácido de la vocación

democrática de esas izquierdas —con muchas diferencias entre sí pero también con muchos rasgos comunes— será su postura ante las tres dictaduras de la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Las primeras señales no son alentadoras. Los gobernantes de Cuba, Venezuela y Honduras (el presidente saliente Juan Orlando Hernández tiene una cercana relación con Daniel Ortega y quizás

necesite ayuda de Nicaragua cuando entregue el poder) asistieron a la ceremonia en Managua. Fueron los únicos mandatarios en funciones; dos expresidentes, ambos de El Salvador y ambos

prófugos de la justicia en su país, también comparecieron. Pero también acudieron representantes de México y Bolivia (de Argentina no), junto con enviados de China, Rusia, Turquía, Irán,

Corea del Norte, Siria y el Gobierno Autónomo Palestino. Nadie más conformó esa extraña compañía. En materia de partidos políticos latinoamericanos de izquierda, varios se hicieron presentes

en Managua. Si la solidaridad con las dictaduras va a ser una de las banderas de la nueva marea rosa, podremos decir que la izquierda en América Latina confirmará las peores dudas que

subsisten sobre sus convicciones democráticas. Lo ideal hubiera sido que las elecciones fueran libres, que Ortega y Rosario Murillo no participaran después de cuatro periodos en el poder, y

que se hubiera producido una alternancia democrática en Nicaragua. Nada de eso aconteció. Y nadie sabe muy bien qué hacer al respecto.