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«España necesita más viviendas asequibles y menos Airbnb». La sentencia lapidaria que pronunciaba hace seis meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se concretaba ... este jueves en

una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista que pretende plantar cara a la crisis habitacional que sufre el país con un plan de doce medidas dirigidas a poner

coto a los pisos turísticos, frenar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes o a incentivar fiscalmente a los propietarios de viviendas para que las saquen al alquiler.

MÁS INFORMACIÓN Unas medidas que, en el caso de lograr los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, tendrían un fuerte impacto en la provincia de Granada donde este problema de

estado ha adquirido mayor dimensión que nunca con los precios de la vivienda y el alquiler en máximos históricos, la oferta reducida allí donde está la demanda, frente a la Granada rural, y

casuísticas particulares, como la tradición de los pisos de estudiantes que reducen la bolsa para el alquiler tradicional y la proliferación de viviendas turísticas. En este último aspecto

incide especialmente la proposición de ley presentada por el grupo socialista, que introduce como novedad el cobro del máximo impuesto al consumo previsto en la legislación, un 21%, a los

apartamentos turísticos, que hasta ahora estaban exentos del IVA. El texto propone que los arrendamientos de corta duración (menos de 30 noches) tributen como cualquier actividad económica,

siempre que se ubiquen en municipios de más de 10.000 habitantes, lo que en el caso de Granada afecta al 70% total de los registrados. Según los últimos datos del INE, la provincia cuenta

con 7.386 viviendas turísticas registradas, de las que 5.185 se encuentran municipios de más de diez mil habitantes. De hecho el 52% se concentran en la capital. «El alquiler turístico se

encarece un 21% y salvo que el propietario logre repercutir el coste al cliente dejarán de ser tan competitivos como actualmente frente a los hoteles, que tributan al 10%», explica Joaquín

García Aivar, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Economistas de Granada y experto del Grupo Consultor GSG. Las cuentas que hace son sencillas: Un propietario que ingrese mil

euros al mes por un piso turístico tiene que descontar una comisión del 20% de la plataforma que lo comercializa, lo que rebaja el rendimiento a 800 euros. Si paga también el IVA, el

rendimiento neto bajaría 600 euros. Dar un tajo a la rentabilidad de estos negocios para tratar de que se transformen en viviendas de alquiler permanente es la filosofía de la propuesta del

Gobierno, que el sector en Granada ve como un ataque sin justificación. «Las administraciones nos han cogido como cabeza de turco y esto es una persecución continua. Están intentando

eliminar a los apartamentos turísticos mientras dan licencias a las cadenas hoteleras para hacer grandes edificios de apartahoteles. Van a fastidiar al pequeño que es el que reparte el

dinero y genera economía en Granada, frente a los grandes que se traen hasta los jabones de China», protesta Jorge Luque, propietario de un carmen del Realejo reconvertido en vivienda

turística y portavoz de una comunidad de 306 propietarios granadinos que comparten grupo de whatsApp. En la misma línea, el abogado que asesora a esta comunidad de anfitriones, Tomás Segura,

opina que el Gobierno legisla desde el desconocimiento si cree que el alquiler turístico es un negocio de gran rentabilidad. «Eso era antes cuando éramos pocos, ahora se bajan precios para

llenar», esgrime Segura, que advierte que la media de precios en Granada está muy por debajo de los 100 euros al día y que tampoco se llena todo el mes. «MENTIRA» El letrado fue nombrado por

Airbnb como líder de su comunidad en Granada, una especie de representante de los propietarios de los alojamientos que se ofertan en este portal de referencia, aunque no habla en nombre de

Airbnb. Excell en mano, tiene sus cuentas reales perfectamente hechas y asegura que una vez descontados gastos de comercialización, de gestión, de mantenimiento, impuestos municipales,

basura... los beneficios medios de un piso turístico se reducen a 501 euros al mes, que tributan según el tramo que les corresponda en el IRPF a su propietario. «Mientras el alquiler de

larga duración está bonificado nosotros estamos perseguidos. Es mentira que es un negocio superrentable y que como nos estamos haciendo ricos este modelo lo aguanta todo. Están en la

absoluta ignorancia», critica.