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Primera consecuencia práctica de la «desconexión tecnológica» de la industria militar israelí promovida por el Gobierno español. El Ministerio de Defensa ha revocado las licencias ... a la

multinacional Rafael para fabricar en España misiles modelo Spike LR2 contra carros blindados. Esta decisión afecta a la adquisición de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles por valor de 287,5

millones de euros. El departamento dirigido por Margarita Robles busca ahora la reorientación de los planes de compra a otros países para cubrir las necesidades del Ejército de Tierra,

según han confirmado fuentes de Defensa. La noticia de la anulación del contrato, avanzada por la Cadena Ser, responde al anuncio realizado el pasado viernes por la secretaria de Estado

Amparo Valcarce para acabar con la «dependencia tecnológica» de Israel. Con la puesta en marcha de este plan, Defensa se adelanta a la entrada en vigor de la proposición de ley de embargo de

las compras y ventas de armamento a países señalados por crímenes contra la humanidad, que tramita el Congreso por vía de urgencia a iniciativa de Sumar. El Gobierno adjudicó el pasado 3 de

octubre de 2023, cuatro días antes de los atentados de Hamás, un contrato para el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro de quinta generación, esgrimiendo la «obsolescencia» de los

sistemas utilizados hasta entonces para el reemplazo por otros más modernos «como los que ya se encuentran en servicio en muchos de los ejércitos» de los países aliados. La idea era

ejecutar el programa pese a la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza alegando que la fabricación de los misiles se iba a realizar en España y que en su producción participarían

empresas nacionales como Escribano, Expal, Tecnobit o FMG, aunque el contratista principal fuera la compañía Pap Tecnos, filial española de la israelí Rafael. Ahora, el ministerio tendrá que

buscar una alternativa y el principal candidato es el Javelin estadounidense que ha sido adquirido por el Ejército marroquí, entre muchos otros. Este misil anticarro está fabricado por

Lockheed Martin y RTX Corporation. DOS GRANDES CONTRATOS EN EL AIRE Además, otro contrato sujeto a modificaciones en el nuevo sistema lanzacohetes múltiples Silam, un programa de 576

millones desarrollado por las empresas Escribano y la alemana Expal-Rheinmetall. El proyecto, que viene a cubrir una carencia del Ejército de Tierra desde que hace décadas se dio de baja el

lanzacohetes Teruel, se basa en el proyecto de la compañía israelí Elbit Systems, y la decisión es que siga adelante pero con tecnología española, tanto en el lanzador como en la munición.

Este giro obligará a rediseñar el lanzacohetes, del que ya se había entregado un primer demostrador y estaba previsto realizar ya las correspondientes pruebas de fuego, lo que supondrá

retrasos. El tercer gran contrato que tiene en vigor Defensa con la industria militar israelí es la adquisición de un lote de 46 designadores láser por 207 millones a la compañía Rafael.

Estos sistemas, denominados POD, permiten mejorar la capacidad de detección, identificación y seguimiento de objetivos de los aviones de combate Eurofighter. Además, aunque aún no se ha

adjudicado, también está pendiente la adquisición del nuevo Sistema Conjunto de Radio Táctica del Ejército (SCRT), por 738 millones, y hasta ahora la oferta favorita era la de Telefónica y

Aicox, con tecnología de la israelí Elbit. Hasta la fecha, el criterio del Gobierno era limitar el veto a las compras de material militar israelí estrictamente a las partidas de armamento y

munición, lo que se tradujo en la cancelación de un contrato del Ministerio del Interior para adquirir 15 millones de balas para la Guardia Civil. Sin embargo, después de que el propio

presidente Pedro Sánchez abanderase un embargo internacional en el suministro de armamento a Israel por su letal ofensiva en la guerra de Gaza (cerca de 55.000 fallecidos desde octubre de

2023), el Ejecutivo ha incluido el veto al uso de tecnología israelí en sistemas de armas fabricados en España, lo que se traducirá en un previsible encarecimiento de algunos contratos.