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La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado "graves irregularidades" en la adjudicación que hizo la Junta de Andalucía de la actividad de explotación de la reserva minera de

Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de

Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, "como responsable de las decisiones adoptadas" en el proceso de adjudicación.

En un auto fechado el pasado día 7 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco pone de manifiesto que, de la información recabada hasta la fecha y del

atestado elaborado por la UDEF, "se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que

vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante", como es la empresa Emérita Resources España SLU -finalista en el concurso minero-.

Al hilo de ello, la magistrada instructora asevera que "no se aprecia" que la entidad Minorbis-Grupo México "cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del

concurso de adjudicación", tal y como adelanta en su edición de este miércoles el rotativo 'El Mundo'.

La juez dice que en el Decreto-Ley 9/2013, de 17 de diciembre, por el que se articulan los procedimientos para la reapertura de la mina "se adoptan dos medidas, con carácter de urgencia"

para garantizar que la explotación del complejo minero se lleve a cabo por la empresa minera que ofrezca las mejores condiciones científicas, técnicas, de seguridad y ambientales, y las

mayores ventajas económicas y sociales".

Sin embargo, según la juez, "no se observa, en cambio, el más mínimo rigor en la actuación de la administración", y ello "pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el

desastre del vertido ecológico en el año 1998".

La juez dice que también "debe aclararse la posible vulneración" del artículo 45 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público y que prevé la suspensión del expediente de tramitación una vez interpuesto el recurso en materia de contratación.

Por todo lo anterior, la instructora considera "imprescindible" la toma de declaración de "las personas responsables de que Minorbis no fuese excluida en la fase inicial" pese a "no cumplir

la exigencia de aportar informe expedido por la Oficina Consular de España en Méjico, respecto de la capacidad de obrar del Grupo México".

La juez asevera que, igualmente, Minorbis no fue excluida en la fase inicial pese a "no detallar tampoco el compromiso inversor de las partes asociadas", punto en el que considera "cuanto

menos cuestionable y llamativa" la naturaleza del acuerdo alcanzado entre Minorbis y Grupo México", como es una "declaración conjunta de compromiso" que, a juicio de la instructora, "no

parece exceder de una declaración de buenas intenciones".

Asimismo, la magistrada dice que, respecto al contenido de la propuesta efectiva y atendiendo al propio tenor de la Resolución de 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria,

Energía y Minas por la que se convoca concurso público para la adjudicación de las actividades de explotación de los recursos en Aznalcóllar, "era también imprescindible cumplir" una serie

de requisitos que Minorbis-Grupo México no habría cumplido.

De este modo, y pese a que se exige un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe mínimo de 1.500.000 euros, el suscrito por Minorbis "es sólo una póliza de

responsabilidad civil general", a lo que se suma el "incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil o declaración del volumen global de negocios".

Además, asevera que Minorbis habría "suplido" el deber de acreditar el capital social suscrito con "simples capturas de pantalla de las web de grupo México y referencias genéricas", mientras

que el equipo técnico mínimo fue puntuado con la nota máxima de diez por la comisión técnica "pese a las evidentes carencias que presenta, con múltiples documentos no convalidados siquiera

y evidentes deficiencias cuantitativas y cualitativas".

Asimismo, y en el apartado de maquinarias, material y equipo técnico, "no se observan tampoco cumplidas las exigencias", mientras que "la maquinaria citada se encuentra además en América", a

lo que se suma, en relación al plan de investigación, que pese a que el terreno objeto se compone de 72 cuadrículas mineras, en el informe de la comisión técnica de Minorbis se hace

respecto de 53 cuadrículas "alterando de esta forma las valoraciones obtenidas".

La juez, que afirma que además "no se determina el tipo de perforación de sondeos que se van a realizar pese a la relevancia de este aspecto", llama la atención sobre las "incongruencias" en

la valoración del proyecto de explotación y la "disparidad" de las propuestas de inversión entre Emeritas y Minorbis.

Por todo ello, la juez solicita al Grupo X de Medios de Pago de la UDEF que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas "como responsable de las decisiones

adoptadas en el proceso de adjudicación objeto de denuncia, desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas".

También pide que se identifique para recibirles declaración testifical a las personas que asistieron a la reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la sede de las oficinas de la

denunciante y en la que se recibió la visita del presidente de Magtel, Mario López Magdaleno. Según denunció Emerita, López Magdaleno les propuso asociarse porque el concurso estaba

adjudicado de antemano y no tenían posibilidades.

En el auto, la juez recuerda que esta causa se abrió el 2 de marzo de 2015 por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, todo ello después de

que Emerita denunciara diversas irregularidades durante la tramitación del expediente y la adjudicación de la explotación a Minorbis, alegando que ésta "es en realidad una filial de la

entidad Magtel y carece de los presupuestos mínimos necesarios para haber obtenido dicha adjudicación".

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que paralizará la adjudicación de la mina de Aznalcóllar tras las investigaciones sobre supuestas

irregularidades en el proceso. Previamente, la Consejería de Economía andaluza había defendido a través de un comunicado la "legalidad y transparencia" del concurso internacional y había

mostrado su predisposición a colaborar con la Justicia.

Además, la Consejería ha confiado en que se archivará la denuncia presentada por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aználcollar, y ha puesto la "mano en el fuego"

sobre la "limpieza" del procedimiento.

En conferencia de prensa en Sevilla, el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, ha asegurado que la ciudadanía puede "confiar" en que el procedimiento de

adjudicación ha sido "correcto", y ha defendido el "inmenso esfuerzo" de los funcionarios que han participado en dicho proceso.

En la misma comparecencia, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, ha dicho que la Policía todavía no la ha llamado para declarar, aunque sí han empezado a

hacerlo ante la juez algunos funcionarios.

Por su parte, la federación de Ecologistas en Acción se ha mostrado "absolutamente indignada" con el proceder de la Junta de Andalucía tras las conclusiones que recoge el auto de la jueza

sobre el concurso de adjudicación.

El coordinador del Area de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción de Andalucía, Antonio Ramos, ha señalado en este sentido a Europa Press que, una vez que se constate oficialmente la

personación del colectivo en la causa y estudien la documentación, obrarán "en consecuencia".

"Exigiremos e iremos contra la Junta, que es la que conculca la legislación vigente, y no contra funcionarios, sino contra la presidenta y el consejero, altos cargos de los que parten las

órdenes", ha asegurado Ramos.

Entiende al respecto Ecologistas que la actuación denunciada no solo se produce respecto al proyecto de Aznalcóllar, sino también en el de Riotinto.