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El técnico portugués, JOSE MOURINHO, ha aceptado una pena de UN AÑO DE PRISIÓN -QUE NO CUMPLIRÁ- Y EL PAGO DE UNA MULTA DE 2,2 MILLONES de euros, por eludir el pago de 3,3 millones. El caso

del exentrenador del Real Madrid a penas ha tenido repercusión en la prensa porque ni la Fiscalía, ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, informaron previamente de su celebración

como suele ser habitual en juicios que suscitan interés público, según ha informado EFE. Mourinho ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección 30 de la Audiencia Provincial de

Madrid, en un juicio que apenas ha durado unos minutos, al tratarse de una formalidad tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa del jugador y la Fiscalía. Mourinho reconoce

ser autor de DOS DELITOS FISCALES AL DEFRAUDAR 3,3 MILLONES de euros procedentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entrenador del Real Madrid. Se le condena así, al pago de UNA

MULTA PENAL de 2,2 millones, correspondiente al 60% de la cuota defraudada (966.922 euros en 2011 y 1.015.879 en 2012). Cantidad a la que se suman 180.000 EUROS QUE SUSTITUYEN LA PENA DE

PRISIÓN. No obstante, a la multa penal deben descontársele 1,14 millones que pagó en concepto de SANCIÓN ADMINISTRATIVA. De este modo, a Jose Mourinho le queda pendiente el pago de UN

MILLÓN. Según el acuerdo de conformidad, el técnico ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los

ejercicios 2011 y 2012, cuando entrenaba al Real Madrid. LA CANTIDAD DEFRAUDADA ASCIENDE A 3.304.670 EUROS. Mourinho suscribió un contrato por el que cedió, antes de septiembre de 2004, sus

derechos de imagen a la sociedad Kooper Services S.A., con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Posteriormente, firmó un nuevo contrato de cesión entre dicha sociedad y la irlandesa

Multisports & Image Management Limited. Cuatro años después, la irlandesa suscribió un contrato de representación comercial con Polaris Sports Limited, que tenía el mismo domicilio

social. De este modo, el entrenador creó una estructura societaria «con el objeto de hacer físicamente opacos los beneficios procedentes de sus derechos de imagen». El 31 de Marzo de 2010,

firmó un contrato de trabajo con el Real Madrid y trasladó su residencia a la capital, adquiriendo así la condición de residente fiscal en España. En sus declaraciones de los ejercicios 2011

y 2012, ocultó los ingresos procedentes de la cesión de sus derechos de imagen. Cuando el técnico dejó España en 2013, declaró ante el juez que tenía la convicción de que su situación

tributaria «estaba perfectamente legal». En 2014, Hacienda comunicó al portugués que se iban a investigar sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2011 y 2012, y este declaró a los medios

que «un par de años más tarde, he sido informado de que se ha abierto una investigación y me han dicho que para regularizar mi situación yo tenía que pagar una cantidad ‘x'». No es la

primera estrella del fútbol que se mide en los tribunales con el fisco español.